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Los impactos jurídicos del BIM

“Diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa y en un espacio virtual conlleva importantes consecuencias a la hora de redactar los contratos propios del proyecto, durante la gestión de los mismos contratos y, especialmente, al momento de prevenir o solucionar las controversias que puedan surgir respecto de la obra”

Carolina Soto y Álvaro Awad

El Modelado de Información de Construcción (Building Information Modeling), también conocido simplemente como “BIM”, llegó para quedarse. Este consiste en un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de manera colaborativa y en un espacio virtual. En pocas palabras, se combinan los diseños arquitectónicos, estructurales, mecánicos, eléctricos, de cañerías, climatización, entre otros, en un modelo único y digital.

Entre sus beneficios se cuenta el mejorar la administración de datos e información compleja. Asimismo, los modelos 3D facilitan la comprensión de un proyecto, perfeccionando la planificación de costos y plazos. De igual forma, se favorece la comunicación, trazabilidad y transparencia de la información, optimizando los flujos de trabajo. BIM facilita la integración y actualización de toda la información generada por los diversos actores de una obra, fomentando el trabajo cooperativo e interdisciplinario, lo que disminuye los inconvenientes durante la construcción y la duplicidad del trabajo. Todo ello sin contar las numerosas virtudes en materia de sustentabilidad y eficiencia energética.

En Chile, desde 2016 que su implementación en proyectos públicos ha estado a cargo del denominado “Planbim”, programa creado al alero de la Corporación de Fomento de la Producción y hoy impulsado por su Comité de Transformación Digital.

Planbim busca incrementar la productividad y sustentabilidad —social, económica y ambiental— de la industria de la construcción mediante la incorporación de procesos, metodologías de trabajo y tecnologías de información y comunicaciones que promuevan su modernización a lo largo de todo el ciclo de vida de las obras, desde su diseño hasta su operación. A la fecha ya existen diversos proyectos públicos que han adoptado al BIM en sus términos de referencia. Ahora bien, la meta es generar un requerimiento consistente y estandarizado en proyectos públicos al 2020. De este modo, se busca que el sector público actúe como un facilitador estratégico en la promoción de un marco de referencia para su posterior adopción en el sector privado y la academia.

Si bien suelen destacarse los beneficios de BIM en materia de productividad, cabe preguntarse qué impactos tiene a nivel jurídico.

Diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa y en un espacio virtual conlleva importantes consecuencias a la hora de redactar los contratos propios del proyecto, durante la gestión de los mismos contratos y, especialmente, al momento de prevenir o solucionar las controversias que puedan surgir respecto de la obra.

En cuanto a la redacción de contratos, se vuelve fundamental establecer las responsabilidades en materia de ingreso y validación de información (asignándose así los llamados “Roles BIM”). Asimismo, debe determinarse a quién le pertenece la información y qué uso válido puede dársele.

En materia de gestión de contratos y controversias es sabido que en todo proyecto constructivo suelen presentarse disputas por una infinidad de razones, las que van desde contratos defectuosos, problemas de comunicación y diferencias en el sitio de la obra, hasta retrasos en la ejecución del proyecto, los pagos o las aceleraciones, entre otros. Las disputas pueden alcanzar a cualquier interviniente, incluyendo propietarios, contratistas, subcontratistas, proveedores, asesores, futuros ocupantes, por nombrar algunos. Por lo mismo, la alteración que sufren los proyectos como consecuencia de las disputas es significativa.

Al respecto, resulta esencial prestar atención a la forma en que las partes preparan y presentan los hechos a fin de solucionar eficientemente los conflictos. En breve, toda pretensión debe fundarse en información clara y fidedigna. Pues bien, BIM, en cuanto modelo digital e integrado del proyecto, almacena todos los datos al detalle. La información necesaria para preparar alguna tesis puede ser fácilmente rescatada desde el modelo (incluyendo programas, costos, órdenes de cambio, especificaciones, diseños, datos financieros, tales como el cash flow). El modelo guarda la información pertinente en cada etapa del proyecto, de manera que las disputas pueden zanjarse en forma rápida y precisa. Si el modelo incluye como variable el tiempo, se trata de un “modelo 4D”. Asimismo, si se nutre al modelo de los costos del proyecto se habla ya de un “modelo 5D”. En definitiva, la información que sustenta cualquier clase de reclamo puede presentarse en forma incomparablemente más completa y clara que con los sistemas tradicionales (los que, entre otras cosas, funcionan en 2D y presentan dificultades para ilustrar la situación de una obra en un momento en particular).

Por otro lado, una mala práctica entre los litigantes es manipular el proceso de solución de controversias presentando grandes cantidades de información con el fin de confundir al tribunal y hacer que lo simple se complejice. Pues bien, BIM viene a simplificar la forma de entregar información obtenida en forma colaborativa y coordinada. Por ejemplo, permite generar dos modelos para identificar las diferencias entre los planos originales (as-planned) y los de la obra terminada (as-built). Notablemente, estos modelos pueden generarse incluso después de la construcción de un proyecto que no usó BIM durante su ejecución (lo que se conoce también como “FIM” o Forensic Information Model), requiriéndose un período razonable para visitar el sitio de las obras, estudiar la documentación y hacer estimaciones. El mismo análisis forense toma mucho más tiempo si se usan los métodos tradicionales.

Sin lugar a dudas, la posibilidad de visualizar los eventos objeto de reclamo permite a los expertos o árbitros alcanzar un mejor entendimiento del conflicto, facilitando su evaluación, comentario y resolución.

BIM permite prever y solucionar los problemas de manera anticipada (por ejemplo, mediante análisis de colisiones) al integrar todos los datos fundamentales del proyecto. Además, permite minimizar las barreras idiomáticas al fundarse en la información combinada y la visualización.

En el siglo XIX se registraron los primeros casos judiciales en que se admitieron fotografías como evidencia. En la actualidad, la novedad la presentan las animaciones y simulaciones computarizadas, la realidad virtual e incluso los hologramas.

Con todo, el uso de BIM presenta también serios desafíos. Si bien sus virtudes en el ámbito de la ingeniería forense han sido demostradas en la literatura internacional, crear un modelo BIM requiere inversión en tiempo y recursos. Por lo mismo, el escenario ideal es que se use en todo el ciclo de vida del proyecto, desde el inicio del diseño hasta la operación, para así maximizar los beneficios de su utilización. En caso de ser conveniente usar BIM para fines probatorios en un proyecto que no fue creado utilizando esta metodología, se debe evaluar con cuidado la rentabilidad de la decisión. Para esto existen opciones de levantamiento de proyectos a través de escaneos 3D y nubes de punto, las que permiten generar modelos precisos a partir de proyectos ya construidos. De esta manera se podría evitar una potencial mala práctica de generar modelos 3D impactantes, pero que no sean necesariamente ciertos. Finalmente, hoy existe una brecha importante en el conocimiento y manejo de estas tecnologías y metodologías de trabajo, por lo que contar con profesionales y técnicos para desarrollar y administrar estos modelos puede ser un obstáculo.

Sin duda, será un reto para la comunidad jurídica el asignar el debido valor probatorio a la información que entregan los modelos BIM.

A modo de conclusión, es indiscutible que BIM facilita los procedimientos de resolución de controversias. Es de esperar que la industria lo vaya incluyendo paulatinamente en sus proyectos futuros en la medida en que advierta sus beneficios más allá de los ya internalizados en materia de productividad, sirviendo el sector público como modelo. Igualmente, incluso en aquellos proyectos que no fueron construidos usando BIM, el mismo puede usarse como técnica forense y específicamente para efectos de solucionar una controversia, facilitando la fundamentación de las pretensiones y su presentación a través de una visualización de lo que está en disputa.

Carolina Soto Ogueta es directora ejecutiva de Planbim, mientras que Álvaro Awad Sirhan es profesor de Derecho Civil UC y socio en Contreras Velozo.

Fuente: El Mercurio